Reforma laboral

¿Se realizó una reforma laboral con el Decreto 1174 de 2020?

Lo primero que debemos mencionar es que el decreto 1174 del 27 de agosto de 2020 no sale como un instrumento dentro de la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional, ni como una medida que ayude a disminuir las altas tasas de desempleo que actualmente tiene el país a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, por el contrario, este decreto lo que hace es reglamentar el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

En dicho artículo se incluye un concepto novedoso dentro de la ley laboral y de la seguridad social en Colombia denominado el “Piso de Protección Social”.

El concepto de Piso de Protección Social fue recogido de la OIT, específicamente de la política sobre la extensión de la protección social adoptada por la 100ª reunión de la conferencia internacional del trabajo de 2011, que trata específicamente la rápida consecución de garantías básicas de seguridad social para el acceso universal a la atención de salud esencial y la seguridad del ingreso, es decir, están dirigidas a prevenir y aliviar la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social.

Según la OIT los pisos de protección social deberían tener por lo menos cuatro garantías de seguridad social, así:

  1. Acceso a la atención de salud esencial, incluida la atención de la maternidad;
  2. Seguridad básica del ingreso para los niños, que asegure el acceso a la alimentación, la educación, los cuidados y cualesquiera otros bienes y servicios necesarios;
  3. Seguridad básica del ingreso para las personas en edad activa que no puedan obtener ingresos suficientes, en particular en caso de enfermedad, desempleo, maternidad e invalidez; y
  4. Seguridad básica del ingreso para las personas de edad.

Ahora bien, como lo indicamos anteriormente, el decreto 1174 de 2020 lo que hizo fue regular lo establecido en la ley 1955 de 2019, específicamente lo relacionado con el articulo 193, sin embargo, debemos decir que desde este artículo encontramos deficiencias constitucionales que lo llevaran seguramente a una declaratoria de inconstitucionalidad en atención a las siguientes razones:

  • El decreto 1174 de 2020 tiene aplicabilidad para las personas que tengan una relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial y que en virtud de ello devenguen un ingreso mensual inferior a un salario mínimo, sin embargo, a nuestro juicio, este decreto va en contravía de la obligatoriedad de afiliación al Sistema de Seguridad Social para las personas dependientes establecida en los artículos 15 y 154 de la ley 100 de 1993 y el artículo 2 de la ley 1562 de 2012, lo cual lesiona el principio de progresividad y no regresividad e irrenunciabilidad, al dejar sin beneficios económicos, como lo son el pago de incapacidades, indemnizaciones y pensión a un grupo poblacional.
  • La composición del piso de protección social no tiene ningún tipo de relación con lo recomendado por la OIT, por el contrario retrocede derechos laborales de las personas a las que le deberían aplicar las normas generales de afiliación y cotización, generando con esto mayores índices de pobreza.
  • El decreto 1174 de 2020 modifica el sistema de los BEPS reglamentado en el artículo 87 de la ley 1328 de 2009, toda vez que crea una obligatoriedad al empleador o contratante de afiliar y aportar a este instrumento, cuando éste fue creado como un mecanismo de ahorro para las personas de escasos recursos que hayan realizado ahorros esporádicos a través de los medios creados por el Gobierno Nacional, sin que esto se pueda constituir en ningún momento en una oportunidad pensional para este grupo poblacional.
  • El artículo 193 de la ley 1955 y el decreto 1174 de 2020 derogan el decreto 2616 de 2013 en consideración a que eliminan la posibilidad de cotización por semanas y de continuar en el régimen contributivo, y lo desplazan al sistema asistencial conformado por el régimen subsidiado, los BEPS y el seguro inclusivo.
  • El artículo 193 de la ley 1955 y su decreto reglamentario crean un seguro inclusivo que lo definen de la siguiente manera:

Seguro Inclusivo. Es aquel cuya finalidad es proteger a los vinculados al Piso de Protección Social, conforme a los eventos, montos y coberturas que se definan de la forma establecida en el artículo 2.2.13.4.4. del presente Decreto.”

Sin embargo, en este seguro inclusivo las personas que tengan algún tipo de accidente laboral o enfermedad de tipo profesional no tendrán derecho a los beneficios económicos, como lo son el pago de las incapacidades, indemnizaciones y/o pensiones, situación que lesiona gravemente a las personas que tienen una relación laboral y que reciben ingresos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente.

Aunque la intensión del gobierno es buena al pretender hacer uso de principios de la seguridad social como lo son la Universalidad y la Solidaridad en atención al tener una mayor cobertura de personas a nivel nacional y buscar una protección mínima a la población más vulnerable, no deja de ser contraria a las figuras creadas o que fueron transformadas (no tácitamente) que lesionan de cierto modo los derechos de la población.

El decreto no trae en si una solución a los problemas de formalidad y de desempleo que vive el país, sin duda alguna deja más preguntas que soluciones, toda vez que en nuestro concepto la puesta en práctica será muy difícil, ya que el mismo decreto no establece la forma en que se deben realizar las afiliaciones y las cotizaciones, mucho menos la forma en que las operadoras de pago van a recibir y recaudar dichos fondos de las personas que tienen varios oficios  o prestan sus servicios en varios lugares, como lo son las empleadas domésticas o los campesinos, ejemplos que puso el gobierno al explicar el contenido de la norma.

Finalmente, es desafortunado no solo el texto del documento, sino el momento en que fue expedido, lo que ha causado rechazo por varios sectores de la economía, razón por la cual no nos queda otro camino que esperar los pronunciamientos de legalidad que realice la Corte Constitucional frente al artículo 193 de la ley 1955 de 2019 y del Consejo de Estado respecto de la legalidad del decreto 1174 de 2020.

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