¿QUÉ ES LA COMPETENCIA DESLEAL?

La competencia desleal es entendida como ese comportamiento que falta a la buena fe en el ámbito comercial, afectando de forma negativa y reduciendo la libertad de decisión y elección del comprador; es decir, afectan el normal funcionamiento del mercado.

Así pues, para evidenciar que se está incurriendo en competencia desleal, es relevante tener en cuenta las siguientes conductas constitutivas:

  • Actos de engaño.
  • Actos de confusión.
  • Omisiones engañosas.
  • Prácticas agresivas, como coacción, acoso, influencia indebida o uso de fuerza.
  • Actos denigrantes.
  • Actos de comparación.
  • Actos de imitación.
  • Explotación de la reputación ajena.
  • Violación de secretos.
  • Inducción a la infracción contractual.
  • Violación de las normas.
  • Discriminación y dependencia económica.
  • Venta a pérdida.
  • Publicidad ilícita.

Ahora, el marco legal consagra diversas formas de “combatir” estas conductas, en esa medida, quienes sientan que están frente a una competencia desleal  tienen derecho a ejercer las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996, cuyo conocimiento compete a los jueces civiles del circuito o a la Superintendencia de Industria y Comercio, siempre que no se haya iniciado la misma acción de competencia desleal, por los mismos hechos y contra la misma persona, ante autoridad judicial distinta a la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998. 

Así pues, estas acciones son:

  1. Acción declarativa. Permite que una práctica se declare como desleal.
  2. Acción de cesación o prohibición. Permite interrumpir o prevenir la práctica desleal.
  3. Acción de remoción. Permite destruir los efectos de la práctica desleal.
  4. Acción de rectificación. Permite exigir la rectificación de informaciones falsas o incorrectas.
  5. Acción de resarcimiento de daños. Permite obtener una indemnización por los daños sufridos.
  6. Acción de enriquecimiento injusto. Permite recuperar el dinero que haya ingresado el infractor vulnerando derechos de exclusiva.

Finalmente, estas acciones las decide la Superintendencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales y a través de ellas se busca la declaratoria de deslealtad de los actos acusados, la suspensión de los mismos o la remoción de sus efectos. Adicionalmente, permiten una reparación económica, a través de la pretensión de indemnización de perjuicios.

Por: Laura Silva Barrera – Consultora de Servicios Legales

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ir arriba