¿QUÉ ES EL PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL?

Mediante el Decreto 1174 de 2020, se reglamentó el Piso de Protección Social, siendo este una alternativa para la vejez y Seguridad Social; de esta manera, está reglamentación busca beneficiar a los trabajadores cuyos ingresos sean inferiores a 1 SMLMV, así:

  1. Personas que dada su actividad como independientes, no tengan la capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización al Sistema Integral de Seguridad Social, podrán vincularse de forma voluntaria.
  2. Personas que tengan un vínculo laboral o por prestación de servicios de tiempo parcial, que devenguen menos de 1 SMLMV.
  3. Personas que tengan uno o más vínculos laborales o contratos por prestación de servicios, con un ingreso total mensual inferior a 1 SMLMV.

Ahora, es pertinente poner de presente que este Decreto no buscó una regulación en cuanto a los tiempos de contratación o el pago por horas, toda vez que, lo que regula se limitó al Piso de Protección Social, el cual es administrado por Colpensiones, donde se busca dar ciertas garantías básicas para las personas que como se mencionó anteriormente devenguen menos de 1 SMLMV o  para aquellas personas que no tienen un vínculo formal, pero que son económicamente activas, garantizándoles el acceso a un Sistema Integral de Seguridad Social, a través del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en Salud, un Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (Beps).

Por otro lado, en cuanto a la obligatoriedad de vinculación, aplica para las personas que tienen uno o varios vínculos, sea por contrato laboral o por prestación de servicios, que reciban en su totalidad menos de 1 SMLMV, donde dicha vinculación y aporte está en cabeza únicamente del empleador, donde el porcentaje será del 15% del ingreso mensual, aclarando, que este aporte es adicional al valor a pagar convenido por las partes por la prestación del servicio.

Frente a lo anterior, es importante tener claridad que el Piso de Protección Social no exonera el empleador del pago de las prestaciones sociales y las demás obligaciones propias de la relación laboral o naturaleza del contrato.

Finalmente, el Ministerio del Trabajo conjuntamente realizará el papel de vigilancia, inspección y control de cara a los cumplimientos de las normas tanto laborales, como de las demás disposiciones sociales, contando con la facultad de imponer sanciones si hubiere lugar a las mismas por algún tipo de incumplimiento.

Por: Laura Silva Barrera – Consultora de Servicios Legales

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