Deducción por obsolescencia de activos

Deducción por obsolescencia de activos

La obsolescencia se encuentra contemplada en el artículo 129 del Estatuto Tributario, que la define de la siguiente manera:

“Se entiende por obsolescencia, la pérdida por deterioro de valor, el desuso o la falta de adaptación de un bien a su función propia, o la inutilidad que pueda preverse como resultado de un cambio de condiciones o circunstancias físicas o económicas, que determinen clara y evidentemente la necesidad de abandonarlo por inadecuado, en una época anterior al vencimiento de su vida útil probable

(…)

En las bajas por obsolescencia completa de activos depreciables será deducible el costo fiscal menos las deducciones que le hayan sido aplicadas, en la parte que no se hubiere cubierto por indemnización o seguros. El contribuyente conservará los respectivos documentos comprobatorios”

Como puede verse, cuando un elemento pierde su valor, en cualquiera de las circunstancias señaladas por el artículo 129 del Estatuto Tributario, se configura la obsolescencia. Al tenor de la legislación vigente, la obsolescencia no implica propiamente la destrucción total de un bien o la terminación de la vida útil de éste, por lo cual, el contribuyente podrá darle a un activo este tratamiento, si estima que el bien se encuentra abandonado o resulta inadecuado o inútil para realizar una determinada actividad o en el momento que lo amerite en función de la realidad económica.

Desde la perspectiva contable, se puede generar una reducción en los beneficios económicos que genera un activo, originada en la obsolescencia técnica o comercial, procedente de cambios o mejoras en la producción, cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo.

Adicionalmente, el párrafo 12 de la Norma NIC 36 señala que con el fin de determinar si se ha originado un deterioro en el valor de un activo, se deben considerar los siguientes indicios:

´´Fuentes externas de información

(…)

 (b) Durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad, referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que ésta opera, o bien en el mercado al que está destinado el activo.

Fuentes internas de información

(…)

 (f) Durante el periodo han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a la entidad. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, planes de discontinuación o restructuración de la operación a la que pertenece el activo, planes para disponer del activo antes de la fecha prevista, y la reconsideración como finita de la vida útil de un activo, en lugar de indefinida.´´

 

 Aspectos probatorios de la obsolescencia.

Dado que el fenómeno de la obsolescencia requiere que el contribuyente conserve los soportes que den fe de su ocurrencia, tendrá que aportar los medios de prueba que tengan la vocación de acreditar tal hecho.

Al respecto, el artículo 743 del Estatuto Tributario señala:

“La idoneidad de los medios de prueba depende, en primer término, de las exigencias que para establecer determinados hechos preceptúen las leyes tributarias o las leyes que regulen el hecho por demostrarse y a falta de unos y otras, de su mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse y del valor de convencimiento que puede atribuírseles de acuerdo con la sana crítica”

De acuerdo con la norma transcrita, es menester señalar que las pruebas deben llevar al convencimiento de los hechos que se pretenden probar, por tal motivo, la valoración de las pruebas no supone dejar el examen de las mismas al arbitrio y conveniencia de los jueces, por ende, la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente:

“Este concepto (La libre valoración de la prueba) configura una categoría intermedia entre la prueba legal y la sana convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz formula, elogiada alguna vez por la doctrina, de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba” (Sentencia C-622-98, M.P. Fabio Morón Díaz) (paréntesis fuera del texto).

En ese orden de ideas, el artículo 129 del Estatuto Tributario requiere para la acreditación de la obsolescencia que el contribuyente reúna los soportes que lo acrediten, sin especificar sobre la naturaleza de esos documentos.

Por tal motivo, consideramos necesario contar con los soportes técnicos, que permitan probar de manera clara e inequívoca la baja del activo. Adicionalmente, este documento técnico puede ser acompañado de fotos y/o otros documentos que permitan probar la destrucción.

Ahora bien, los artículos 772 y 773 del Estatuto Tributario señalan que la contabilidad podrá usarse como medio de prueba siempre que esté en debida forma, para lo cual deberá mostrar fielmente las operaciones efectuadas.

Por su parte, el artículo 774 indica los requisitos que deben reunir las pruebas contables para que sean tenidas en cuenta en forma suficiente:

ü  Que estén registradas en la Cámara de Comercio o en la DIAN.

ü  Que estén respaldadas por comprobantes internos y externos.

ü  Que reflejen completamente la situación de la entidad.

ü  Que no sean desvirtuadas por otros medios de prueba permitidos por la ley.

ü  Que no haya sido desvirtuada por doble contabilidad.

En conclusión, deberá aportarse la contabilidad, además de los soportes que den cuenta de la configuración de obsolescencia en la cual se indiquen los bienes dados de baja, la descripción del bien, costo fiscal, así como la razón que llevó al tratamiento de obsolescencia, de acuerdo con lo señalado en el artículo 129 del Estatuto Tributario.

Por: Diego Sanabria – Socio Director.

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