aportes a pensiones

Corte declara inconstitucional medida que reducía temporalmente aportes a pensiones

Con ocasión a la crisis económica derivada del coronavirus el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 558, el cual brindaba un alivio temporal al reducir el monto a aportar a Seguridad Social y Pensión.

La medida contenida en el decreto permitía que dicho aporte se redujera del 16% al 3% durante los meses de abril y mayo, con el propósito de disminuir las cargas económicas, asegurando una mayor liquidez en los próximos meses. Esa medida cobijaba a las empresas públicas y privadas, mientras que para los independientes la reducción era optativa.

En el caso de las empresas y los trabajadores, la medida estableció que el 75% le corresponde aportarlo al empleador, mientras que el 25% le corresponde al trabajador.

El Gobierno manifestaba que la medida en cuestión mantenía la base de cotización, de modo que las semanas cotizadas conservaban su validez durante la emergencia sanitaria; de esa manera, en la historia laboral se estarían reflejando las semanas bajo el 3%. Así se podía apreciar en el comunicado oficial, el cual indicaba que eso sería contabilizado para completar las 1.150 semanas para acceder a pensión en el régimen privado, o 1.300 por el régimen de prima media.

Adicionalmente, el decretó determinó brindar auxilios a los fondos privados de pensión con el fin de mantener la estabilidad en los pagos de las mesadas pensionales; aquello corría por cuenta de Colpensiones, quien debía entregar mensualmente recursos a las AFP, además de trasladar a los pensionados de un salario mínimo del régimen individual, por ser los más vulnerables en el Sistema de Pensiones.

La Procuraduría General de la Nación por su parte, señaló que la medida si bien buscaba aliviar a las empresas, afectaba esencialmente el derecho a la pensión al traducirse en menores ingresos para los pensionados. Adicionalmente, recordó que el presupuesto para el año 2020 había sido planificado y reservado desde el 2019, por lo que esos recursos no podían afectarse, derivando en repercusiones negativas para los afiliados a salud y pensión. La decisión a partir de la cual se determinó la inconstitucionalidad se tomó en una parte por una votación de 6 contra 3, y por la otra por 7 votos contra 2.

Con eso, se deberán pagar nuevamente los aportes en los montos antes establecidos, consistente en el 16% de lo devengado por el trabajador; adicionalmente, el fallo tiene efectos retroactivos: dicho de una forma también se deberá pagar el 13% restante de los correspondientes meses, ocasionando un mayor gasto a cargo de las empresas. No obstante, al momento todavía no se ha publicado el contenido completo de la sentencia, por lo que queda pendiente saber quién está a cargo de asumir esos montos dejados de pagar.

A raíz de esa decisión, se espera que el Gobierno Nacional aclare ese punto, de modo que surgen varias alternativas.

Una de ellas consiste en establecerlo en forma similar a lo adoptado en el Decreto 558 de 2020 y lo apreciado en el Sistema de Pensiones, con lo que el 75% del 13% dejado de pagar estaría a cargo del empleador, mientras el trabajador asumiría el 25% restante.

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